La pieza SEPI del caso Leire ha incorporado a Fernando Samper Rivas, fundador y máximo responsable de Forestalia, al grupo de empresarios investigados por la Audiencia Nacional. Su imputación abre uno de los frentes más relevantes de la causa fuera del rescate de Tubos Reunidos: el de las operaciones vinculadas al sector energético, las sociedades renovables y los posibles beneficios obtenidos mediante una presunta red de influencia conectada con estructuras públicas.
Samper figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz dentro de la ampliación del caso Leire, una causa que analiza presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y ayudas o contratos de carácter estratégico. Junto a él aparecen también Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer, empresarios aragoneses vinculados al bloque Forestalia en las informaciones publicadas.
La investigación indaga en presuntos ilícitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este momento procesal, Fernando Samper mantiene intacta la presunción de inocencia y su llamado a declarar en calidad de investigado no presupone culpabilidad alguna. Sin embargo, su implicación en el sumario adquiere gran relevancia debido a que incorpora al expediente a una de las figuras más célebres del sector de las energías renovables en España.
El punto de mira sobre Forestalia se sitúa en el contexto de las cinco actuaciones que, de acuerdo con los datos difundidos, analiza la Audiencia Nacional dentro de la pieza SEPI. Pese a que el salvamento de Tubos Reunidos por encima de los 112 millones de euros constituye el núcleo central, las indagarías abarcan asimismo a Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y una transacción asociada a Forestalia. El País ha indicado que tales operaciones acumularían 132,9 millones de euros en subvenciones estatales y que la supuesta red corrupta habría conseguido más de 750.000 euros en mordidas.
La sospecha vinculada a Forestalia y Samper orbita en torno a una transacción mercantil que presuntamente habría reportado un beneficio considerable. Conforme a lo difundido por El Independiente, el Ministerio Fiscal relaciona la red de Leire con un presunto pelotazo superior a los 6 millones de euros, el cual se vincula con firmas de energías renovables compradas y más tarde traspasadas a una compañía cuyos socios guardarían relación con el conglomerado empresarial liderado por Fernando Samper.
Ese punto es clave porque la investigación no se limita a contratos públicos tradicionales. También analiza si determinadas operaciones empresariales pudieron beneficiarse de información, contactos o estructuras de influencia vinculadas al entorno de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La cuestión judicial será determinar si la operación de Forestalia respondió a una transacción privada ordinaria o si estuvo conectada con una red que presuntamente utilizaba relaciones políticas y empresariales para generar beneficios económicos.
La presencia de Samper entre los indagados acentúa el perfil corporativo de este asunto. Dicha red supuesta no habría operado únicamente en la órbita de las administraciones públicas, sino asimismo junto a entidades mercantiles con capacidad para lucrarse a partir de resoluciones, coyunturas o datos originados dentro de corporaciones del Estado y de vínculos institucionales. En este entramado, Forestalia figura como un elemento clave debido a su trascendencia en el ámbito de las energías limpias y al volumen financiero de la transacción bajo lupa.
La Audiencia Nacional tendrá que esclarecer qué participación desempeñó Fernando Samper dentro de la causa analizada, qué vínculos estableció con Carmelo Aznárez, con los hermanos Pérez Águeda y con el resto de encausados, así como si tuvo conocimiento o intervino en las actuaciones conferidas al grupo Hirurok. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si se produjeron contraprestaciones económicas, mediaciones o pactos capaces de conectar el movimiento empresarial con la supuesta trama de influencias.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso resulta especialmente grave porque mezcla tres elementos explosivos: empresas energéticas, posibles plusvalías millonarias y una trama investigada por influir en decisiones públicas. El sector renovable ha manejado en los últimos años enormes expectativas de inversión, acceso a suelo, autorizaciones, permisos y financiación. Si una operación de ese ámbito queda bajo sospecha en una causa sobre tráfico de influencias, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Samper tendrá que aclarar frente al magistrado si su proceder correspondió al de un hombre de negocios involucrado en una transacción lícita dentro del sector energético, o si mediaron indicios que lo vinculen con las gestiones supuestamente anómalas indagadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Tal diferencia resultará fundamental para acotar su grado de culpabilidad y determinar el alcance real de la trama.
El caso también salpica la imagen de Forestalia. La corporación se ha consolidado como un estandarte de las energías limpias tanto en Aragón como en el conjunto de España, si bien la imputación de su creador en un procedimiento de tal calibre genera un manto de duda que únicamente logrará disiparse mediante papeles, aclaraciones y un seguimiento exhaustivo de las transacciones analizadas.
La cuestión que ahora corresponde despejar a la Audiencia Nacional resulta evidente: determinar si Forestalia y su órbita intervinieron en una maniobra mercantil transparente o si la supuesta red se valió de sus influencias con el fin de propiciar ocasiones de negocio, ventajas y ganancias. Dentro de un procedimiento que salpica a fondos públicos, adjudicaciones, corporaciones clave y eventuales sobornos, la actuación de Fernando Samper precisa ser esclarecida hasta revisar el último papel.
Fuente: Cadena SER, El País, elDiario.es, Heraldo de Aragón, El Independiente, Infobae y Europa Press.
