La publicación del Decreto Legislativo 48-2025 colocó nuevamente a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) en el centro de la discusión institucional. La norma, asociada al cierre de la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional, establece facultades que tendría una eventual comisión, pero no supone que el mecanismo haya comenzado a funcionar. Al mismo tiempo, las dudas planteadas sobre la aprobación y publicación del decreto trasladaron parte de la controversia del terreno político al judicial.
La denominada Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras reconoce personalidad jurídica a una futura CICIH y contempla que pueda intervenir como querellante autónomo, con atribuciones de acusador privado en los casos comprendidos dentro de sus competencias.
Pese a ello, el propio articulado acota el alcance de esta disposición legislativa. El decreto estipula que dicho grupo de trabajo tendrá que conformarse a través de un acuerdo entre Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableciendo además un plazo de vigencia de cinco años a partir de su puesta en marcha oficial. De este modo, la labor encomendada a Redondo y al Parlamento se limita a avalar y promulgar un marco normativo interno, lo cual difiere de constituir la CICIH o reemplazar el pacto global indispensable para su establecimiento.
Qué establece el decreto y hasta dónde llega
Para comprender la verdadera dimensión del Decreto 48-2025, resulta fundamental distinguir entre establecer el marco normativo que regula un procedimiento y llevarlo efectivamente a la práctica.
La normativa busca definir anticipadamente la capacidad jurídica de una eventual CICIH dentro de Honduras. Uno de sus componentes principales es permitir que la comisión pueda ejercer funciones como acusador privado, una atribución vinculada directamente con su posible intervención en procesos relacionados con casos comprendidos en su mandato.
Dicha estructura jurídica configura, por consiguiente, una delimitación en cuanto a los instrumentos que el grupo de trabajo emplearía en caso de formarse. Sin embargo, la promulgación de la norma no agota el procedimiento estipulado en el propio texto. Con el propósito de que dicho organismo multinacional quede constituido legalmente, aún falta concretar el pacto respectivo con Naciones Unidas y, con posterioridad, su puesta en marcha oficial.
La distinción también delimita la responsabilidad política atribuible a la presidencia del Congreso durante ese período. Redondo no instaló la CICIH mediante el Decreto 48-2025. Lo que ocurrió bajo su gestión fue la aprobación de una legislación destinada a establecer personalidad jurídica y facultades para una comisión cuya creación permanece condicionada a otro instrumento.
Las incógnitas se centran en el proceso parlamentario
La controversia alrededor de la norma no se limita a su contenido. Una parte sustancial del debate se concentra en el procedimiento mediante el cual fue aprobada y posteriormente publicada.
El documento consigna como fecha de aprobación el 18 de junio de 2025, mientras que su publicación en La Gaceta se produjo hasta el 22 de enero de 2026, pocos días antes del cambio de legislatura. Dicha distancia temporal se convirtió en uno de los elementos alrededor de los cuales surgieron cuestionamientos sobre el trámite.
También surgieron interrogantes sobre si el proyecto logró los sufragios necesarios en su recorrido por el Congreso Nacional. La aparición de dichos cuestionamientos dio pie a un debate diferente al de la utilidad o el impacto de la CICIH: aquel enfocado en la validez del procedimiento legislativo empleado para sancionar la disposición.
El 2 de febrero de 2026, Redondo enfrentó una denuncia ante el Ministerio Público debido a la supuesta comisión de ilícitos relacionados con la creación y difusión del decreto. Entre los puntos objetados figuraron las condiciones en que el texto se habría enviado para su publicación en La Gaceta.
La interposición de la denuncia no despejó de inmediato los reparos planteados, mas transformó el procedimiento seguido para promulgar el decreto en un expediente sometido a los trámites propios de la vía institucional respectiva.
Del conflicto político al análisis judicial
Durante el mismo período también fue reportada una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 48-2025, con lo que el debate dejó de desarrollarse únicamente alrededor de las posiciones políticas sobre la CICIH y pasó a incluir una discusión jurídica sobre la normativa.
Esa situación mantiene separadas dos preguntas que, aunque relacionadas, no son equivalentes. La primera se refiere al modelo contenido en el decreto: personalidad jurídica, capacidad para actuar como querellante autónomo y un período de funcionamiento de cinco años para una eventual comisión. La segunda se concentra en determinar si el procedimiento de aprobación y publicación cumplió con las exigencias legales y constitucionales correspondientes.
La distinción importa porque debatir acerca de cómo se gestó el decreto no altera, por sí solo, el hecho de que su contenido no constituye automáticamente la CICIH. Del mismo modo, fijar las atribuciones de la futura entidad tampoco zanja las dudas planteadas sobre el proceso mediante el cual el texto oficial vio la luz.
El Decreto 48-2025 queda así situado entre dos procesos todavía diferenciados: el debate sobre la legalidad de su origen legislativo y los pasos necesarios para que el mecanismo internacional pueda constituirse. La publicación realizada al final de la gestión de Luis Redondo proporcionó un marco normativo para una eventual CICIH, pero la existencia efectiva de la comisión continúa dependiendo del acuerdo con Naciones Unidas previsto en la propia legislación.
En ese escenario, el debate institucional no se reduce exclusivamente a las facultades que el sistema anticorrupción llegaría a desplegar. Asimismo, comprende el modo en que se gestan, sancionan y difunden las determinaciones del Congreso Nacional. En tanto ambas vertientes permanezcan vigentes, el Decreto 48-2025 se mantendrá como un punto de partida ineludible, tanto en las discusiones relativas a la CICIH como en los conflictos originados a raíz de su proceso de aprobación parlamentaria.
